
Sinopsis
A través de una resolución tramposa aunque meramente administrativa, esto es, no emanada de un juez sino de una oficina burocrática, el gobierno federal de México decretó revocar el registro de la minoría religiosa denominada Iglesia Cristiana Restaurada, A.R. Ahora publicita el hecho en su portal, como si se tratase de un acto heroico en vez de un atropello jurídico contra familias cristianas cuyo pecado parece ser no pertenecer a la religión mayoritaria. O al menos a la del partido en el poder.
Desde su inicio, el procedimiento administrativo estuvo plagado de violaciones a los derechos de la asociación religiosa y sus miembros, que van desde la negativa a recibir las pruebas que acreditaban que el proceso está viciado de origen, hasta la emisión de una resolución por causas diferentes a las notificadas a la Iglesia como causa del procedimiento. En otras palabras, la secretaria de Gobernación realizó una treta inquisitorial al ocultar a esta Asociación Religiosa la base de su acusación, poniendo una diferente en la lista de acusaciones (todas falaces) con el fin de que la asociación quedase en completa indefensión.
La decisión de revocar el registro afirma como base, que toda una asociación religiosa formada por múltiples familias desvió sus fines religiosos con el argumento irrisorio de que un abogado y un gestor, que ni siquiera forman parte de la asociación, han sido sujetos a investigación por parte de un Ministerio Público. Al respecto no existe hasta la fecha ni siquiera un auto de formal prisión o mucho menos una sentencia, sino la mera probabilidad o presunción de que tal vez infringieron la ley (de lo cual, en todo caso, serían responsables a título personal). Dicho de otra forma, por la presunta conducta de 2 personas que no forman parte ni del liderazgo ni son integrantes de la Iglesia Cristiana Restaurada se cancela un registro a toda una iglesia o denominación no católica.